Un juez tumba la nueva política de asilo de Biden | Internacional

Un juez federal de California tumbó este martes la nueva regla de solicitud de asilo para los migrantes llegados a su frontera con México por considerarla contraria a la ley estadounidense. Se trata de un régimen que entró en vigor en mayo pasado, tras el fin del reinado del Título 42, una norma sanitaria que Donald Trump desempolvó con el pretexto de hacer frente al avance de la pandemia y que permitía devoluciones en caliente. Las autoridades exigen desde entonces a quienes se presenten en la puerta sur del país que lo hagan con una cita previa concertada para pedir asilo o que puedan demostrar que lo solicitaron protección en algunos de los países por los que pasaron en su travesía.

El juez de distrito del Norte de California Jon S. Tigar, con plaza en Oakland, da 14 días para que su decisión entre en vigor, lo que en la práctica deja la puerta abierta a que el Departamento de Justicia la impugne, como ha dicho de inmediato que hará. En una vista previa, los funcionarios del Gobierno advirtieron que el dictamen podría generar “una situación caótica”. Tigar ya había bloqueado otra ley migratoria de Trump en 2019. Hasta se permitió bromear con ese antecedente diciendo que se esperaba que “2023 fuera un gran año para las secuelas”.

En este caso, da la razón a los grupos en defensa de los inmigrantes, que consideran que el regimen que entró en vigor en mayo los pone en peligro, al quedar atascados del lado mexicana de la frontera, a merced de las mafias. También, que viola la ley federal de inmigración, que establece que cualquier persona en suelo estadounidense puede solicitar asilo, sin importar cómo llegó y si lo hizo o no antes en otro país. El juez definió la medida que ha decidido tumbar como “sustancial y procesalmente inválida”.

“La promesa de Estados Unidos es servir como un faro de libertad y esperanza, y la Administración puede y debe hacer mejor para cumplir esta promesa, en lugar de perpetuar políticas crueles e ineficaces que la traicionan”, dijo tras conocer el dictamen la abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU son sus siglas en inglés), Katrina Eiland, encargada de defender el caso. “El fallo es una victoria, pero cada día que la Biden prolonga la lucha por su prohibición ilegal, muchas personas que huyen de la persecución y buscan refugio para sus familias quedan en grave peligro”.

Una ‘app’ defectuosa

Otro de los argumentos de las asociaciones demandantes es que la aplicación para móviles CBP One, puesta a disposición de los migrantes para que soliciten sus citas antes de llegar a la frontera, no dispone de suficientes para todos. Esa fue una queja recurrente escuchada en los días en torno al final del Título 42 entre los solicitantes de asilo congregados en El Paso (Texas) y Ciudad Juárez (Chihuahua), a los dos lados del mismo trozo de la frontera, en uno de los puntos más calientes de los 3.200 kilómetros de divisoria.

“Mientras esperan una respuesta”, argumenta Tigar, magistrado nombrado por Barack Obama en 2012, en su escrito, “los solicitantes de asilo deben permanecer en México, donde los generalmente corren un mayor riesgo de violencia a manos de actores estatales y no estatales”.

La caída en mayo del Título 42 pareció que iba a desatar el caos en la frontera, pero fue más bien lo contrario. Según datos de la Administración de Biden, el número de accesos irregulares cayeron en junio 100.000 intentos hasta la cifra más baja registrada desde febrero de 2021. La migración irregular se ha convertido en uno de los flancos de ataque preferidos del Partido Republicano, y a medida que avanza la precampaña de las presidenciales de 2024, al presidente le conviene dar una imagen de que la situación está controlada. Su Administración, que esta vez recibe los golpes también por la izquierda, aún tiene pendientes las demandas de varios estados fronterizos, que consideran que el sistema deja entrar a demasiados migrantes en suelo estadounidense. Una vez admitida su solicitud, reciben una citación para verse con un juez, a menudo a años vista, que será el encargado de estudiar su caso.

Quedan así en un limbo durante el que pueden moverse libremente por el país y obtener un permiso de trabajo. Solo el 18% de los que comienzan el proceso cumplen con su promesa de volver a aparecer, según datos del primer trimestre de 2023 recopilados por el Departamento de Justicia.

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