Durante años, el hombre conocido como Otoniel fue visto como uno de los capos de la droga más peligrosos del mundo, el elusivo jefe de un cartel y grupo paramilitar con un sangriento control sobre gran parte del norte colombiano.
El martes, Dairo Antonio Úsuga enfrenta la posibilidad de ser sentenciado a 20 años de cárcel en Estados Unidos. En enero se declaró culpable de cargos de narcotráfico, admitiendo que supervisó el ingreso de toneladas de cocaína al país y reconociendo que hubo mucha violencia entre guerrillas y grupos criminales.
Estados Unidos aceptó no pedir la cadena perpetua a fin de lograr su extradición desde Colombia. En lugar de ello, la fiscalía federal en Brooklyn está buscando una pena de 45 años para Úsuga, quien tiene 51 años y sufre de varias dolencias médicas.
“Su deseo de dominio y venganza no puede ser exagerado, como tampoco el daño que ha infligido”, escribieron los fiscales en una declaración judicial reciente. Calificaron como “régimen de terror” el control que Úsuga tuvo durante décadas del notorio Clan del Golfo.
Los abogados de Úsuga han tratado de pintarlo como víctima de los problemas que aquejan a Colombia, un hombre nacido en medio de la pobreza rural, rodeado de la violencia de las guerrillas, reclutado a luchar a los 16 años y afectado por décadas de ver cómo mueren sus seres queridos, sus camaradas y sus amigos. A lo largo de los años, se alió con grupos de derecha y de izquierda en el extendido conflicto interno colombiano.
Para entender sus crímenes “hay que entender la historia de la violencia y el trauma que afectaron a Colombia como nación y al señor Úsuga como ser humano”, escribió la trabajadora social Melissa Lang, en un reporte en julio que los abogados presentaron al tribunal.
Úsuga era el narcotraficante más buscado de Colombia hasta que fue arrestado en 2021, y era buscado también en Estados Unidos desde 2009.
El Clan del Golfo, conocido también Autodefensas Gaitanistas de Colombia, domina una región de rutas para el comercio de drogas, armas y migrantes. Con armas de grado militar y miles de integrantes, la agrupación ha combatido pandillas rivales, grupos paramilitares y autoridades colombianas. Financia sus operaciones con “impuestos” a la producción, almacenamiento o transporte de cocaína por su territorio. Como parte del acuerdo judicial, Úsuga aceptó entregar 216 millones de dólares.
En el juicio, Úsuga admitió que se cometieron homicidios, pero aseveró que fue dentro del contexto militar. Según la fiscalía, Úsuga ordenó el asesinato de supuestos enemigos —uno de los cuales fue torturado, enterrado vivo y decapitado— y sembró el terror entre la población. Los fiscales dicen que Úsuga ordenó una huelga de varios días —amenazando de muerte a quien la incumpliera— luego que su hermano murió en una redada policial, y ofreció recompensas por las vidas de policías y militares.
