La sociedad israelí vive la resaca del “día más negro para la democracia”

Israel vivió ayer una jornada de tensión y preocupación tras la aprobación, el lunes en el Parlamento, de la ley clave de la reforma judicial del gobierno de Beniamín Netanyahu, que desencadenó multitudinarias protestas y agrava las divisiones que se viven en el país desde hace meses. La ley limita el poder de intervención del Tribunal Supremo en las decisiones gubernamentales.

La aprobación –por 64 parlamentarios de la coalición gubernamental, frente a 56 de la oposición que boicotearon la votación– fue seguida por una ola de protestas espontáneas en todo el país, que se prolongaron hasta la madrugada de este martes.

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Janira Gómez Muñoz

Huelga en los hospitales del país y portadas negras en cinco de los principales periódicos

Los israelíes amanecieron ayer con las imágenes de la represión policial contra los manifestantes, determinados a mantener bloqueada una de las principales arterias de Tel Aviv, y que fueron finalmente desalojados a la fuerza y mediante cañones de agua. La prensa israelí reaccionó no solo mediante duros editoriales contra el Gobierno sino también con la impresión de portadas negras por parte de cinco de los principales periódicos del país.

“Un día negro para la democracia israelí”, se leía en un mensaje escrito con letras blancas en las cinco portadas, producto de una campaña impulsada y financiada por el movimiento de protesta de empresas del sector de alta tecnología contra la reforma judicial, que busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la justicia, cuya independencia se vería profundamente socavada.

Otro de los colectivos organizadores de las protestas, Israel Libre, escribió en su cuenta de Twitter que se trata de una jornada difícil para el Estado de Israel, que sufrió una “terrible herida en el corazón” por parte de un Gobierno “dictatorial”, aunque instó a “renovar y fortalecer la resistencia” contra la reforma.

La tensión se extendió además a los hospitales del país, muchos de los cuales brindaron un servicio restringido o se limitaron a tratamientos de emergencia, en el marco de una jornada de huelga por parte de la Asociación de Médicos de Israel.

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Pero el foco de atención fueron no solo los hospitales o los periódicos, sino el Tribunal Supremo, tras la apelación por parte de grupos de la sociedad civil para que tumbe la ley aprobada el lunes por la Knéset o Parlamento. El Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel argumentó que se trata de “una ley inconstitucional porque cambia fundamentalmente la estructura básica de la democracia parlamentaria israelí y la naturaleza del régimen”. Esta oenegé denunció además que, en la práctica, la ley “abole el poder judicial y daña gravemente el delicado tejido de la separación de poderes y el sistema de contrapesos en el Estado de Israel” y “da poder ilimitado al Ejecutivo”.

Consultado por Efe, el analista político israelí Amir Oren explicó que no existen precedentes de una intervención del Tribunal Supremo en casos como este, pero no descartó que la corte interceda, desencadenando “un enfrentamiento entre dos poderes”. “Netanyahu está claramente tratando de utilizar su poder político para librarse de sus problemas legales”, agregó Oren, en referencia a los juicios por corrupción que afronta el mandatario, acusado de fraude, cohecho y abuso de confianza.

Precisamente los juicios contra el primer ministro fueron el detonante de una recomendación ayer por parte de la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, para revocar una ley aprobada en marzo de este año que blinda a Netanyahu de la posibilidad de ser recusado o declarado no apto para ejercer las funciones propias de su cargo.

Aquella ley fue vista en su momento como una reacción ante los temores de que el Supremo pudiera obligar a dimitir al mandatario por conflicto de intereses, al ser el líder de una coalición de gobierno que promueve una drástica reforma judicial mientras afronta varios cargos de corrupción. Baharav-Miaria señaló ayer que se trató de “un uso indebido de la autoridad de la Knéset para mejorar la situación personal del primer ministro y permitirle operar desafiando la decisión del tribunal”.

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