La juez avisa a Trump de las consecuencias si desvela pruebas o acosa a los testigos
Ni siquiera Donald Trump puede decir lo que le da gana cuando se está imputado. No es diferente a otros ciudadanos.
La juez Tanya Chutkan, encargada en el tribunal federal de Washington del caso contra el expresidente por la presunta conspiración contra el resultado electoral del 2020, limitó lo que el acusado puede decir sobre el caso. Su derecho a la libertad de expresión “no es absoluto” y, subrayó la magistrada, se ha de sopesar la protección de la integridad del proceso judicial, independientemente de su condición de candidato político. Advirtió que “las declaraciones incendiarias” pueden acarrear la consecuencia de acelerar el juicio.
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Chutkan escuchó este viernes los argumentos de la petición de la fiscalía de una orden de protección para evitar que Trump, que no asistió a la audiencia, desvele públicamente pruebas de este asunto. Por contra, los abogados defensores de Trump replicaron que esa medida iría contra los derechos constitucionales del acusado.
“Trump, como cualquier otro ciudadano, tiene el derecho de la primera enmienda a la libertad de expresión, pero su derecho no es absoluto. En un caso penal como este, la libertad de expresión del acusado está sujeto a las reglas”, replicó la juez.
“Sin una orden de protección, cualquier parte puede difundir información y contaminar a los posibles miembros del jurado, intimidar a testigos o a otros implicados en algún aspecto del caso o interferir con el proceso”, insistió.

El expresidente estadounidense Donald Trump compareció en el aeropuerto de Washington tras acudir al juzgado, hace unos días
Tampoco se olvidó del contexto en que se produce este caso. “El hecho de que esté en campaña electoral no es una protección contra la administración de justicia”, recordó la juez, remarcando que ese trabajo es como el que desempeña cualquier otro ciudadano con problemas legales.
“Y si esto significa que no puede decir exactamente lo que quiere decir sobre los testigos en un discurso político, es como tendrá que ser”, reiteró.
“No puedo y no tendré en cuenta en mi decisión qué efecto tendrá en una campaña política para cualquiera de los lados”, subrayó. “La defensa de su cliente ha de producirse en esta sala, no en internet”, recalcó. “Tomaré cualquier medida que sea necesaria para preservar esta causa, en la que se ha de proceder con normalidad y proteger la integridad, lo que significa poner límites a los discursos del acusado”, reiteró.
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La magistrada acepta que Trump consulte los documentos
Sin embargo, la juez tampoco dio apoyo a la amplia orden solicitada por la fiscalía sobre la divulgación de información, pero dio por buenas parte de sus líneas maestras.
La magistrada aceptó que Trump tenga la capacidad de consultar los documentos, pero le advirtió sobre la divulgación de su contenido. Si habla de esas interioridades, sea que las ha conocido directamente del sumario o de otra procedencia, y esto interfiere con la administración de justicia o intimida y acosa a testigos, la juez tomará medidas. Citó una: acelerar la celebración de la vista oral, cosa que teme Trump. El fiscal ha planteado que empiece el próximo 2 de enero.
En el origen la petición fiscal se halla un post de Trump en su red social que sembró la alarma en el ministerio público. “Si venís a por mi, yo iré a por vosotros”, escribió, en una clara amenaza contra los implicados en la causa judicial.

El palacio de justicia estadounidense E. Barrett Prettyman en Washington
Los fiscales expresaron su preocupación de que el expresidente pudiera airear información secreta que recibió el gran jurado, institución que aprobó los cargos contra Trump. Y, sobre todo, Smith recalcó que este tipo de comentarios podría tener “un efecto nocivo escalofriante en los testigos”.
Es decir, que se sintieran intimidados, como por ejemplo el exvicepresidente Mike Pence, quien en aquella jornada del 6 de enero, como presidente del Senado, se mantuvo fiel a lo que marca la Constitución y desobedeció la sugerencia de Trump de impedir la ratificación de Biden e imponer su voluntad.
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Es la primera audiencia en que los abogados comparecen ante la juez Chutkan
Pence declaró en esta investigación y emerge como uno de los principales testigos de cargo, además de que últimamente ha insistió, como hizo este viernes en Iowa, que lo que le pidió Trump era totalmente ilegal. Esto ha hecho que, desde que salió la imputación, el hoy líder en las encuestas republicanas de cara a las elecciones del 2024 haya puesto a su ex amigo en el punto de mira de sus insultos y amenazas. Los fascistas ya pidieron “colgar” a Pence, y montaron un cadalso, aquella trágica jornada de enero del 2021.
Esta audiencia fue la primera en que los abogados comparecieron ante la juez Chutkan, nombrada por el presidente Barack Obama y a la que le ha tocado este asunto al azar. La magistrada se ha ganado reputación de severa por ser una de las más duras en los castigos a los acusados de participar en el intento de golpe de estado de ese 6 de enero.
Incluso en una ocasión, en la que los abogados de Trump reclamaron que se bloqueara la entrega de documentos a la comisión bipartidista que investigó la toma del Capitolio, la juez respondió que no y lo hizo con rotundidad: “Los presidentes no son reyes y el solicitante no es presidente”.
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