La Defensora del Pueblo europeo abre una investigación a Frontex por el naufragio en Grecia
La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, ha abierto una investigación para “clarificar” el rol de la agencia Frontex en las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo, tras el naufragio en que murieron más de 400 personas en las costas del Mar Jónica en Grecia el pasado junio.
O’Reilly ha pedido más información sobre las responsabilidades de Frontex en las operaciones de salvamento, así como los informes redactados por la agencia sobre el trágico naufragio en Grecia, así como de otros recientes que han provocado la muertes de cientos de personas.
Según varios medios
Las autoridades helenas se resistieron a activar una operación de rescate
Asimismo, solicita más detalles sobre el grado de información que se comparte entre Frontex y las autoridades nacionales y si la agencia europea tiene algo que decir en cómo estas operaciones deben desarrollarse. Especialmente relevante si se tiene en cuenta que según varias investigaciones periodísticas posteriores al naufragio en Grecia se apunta a que a las autoridades helenas se resistieron a activar una operación de rescate y rechazaron la ayuda enviada por Frontex.
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Otras cuestiones que la Ombudsman está indagando es si existen normas específicas sobre el uso de cámaras en los barcos de salvamento en las operaciones conjuntas, y así estudiar con más profundidad lo ocurrido, y si Frontex reporta las violaciones de derechos fundamentales que muchas ONG de salvamento aseguran sufrir por parte de las autoridades de los Estados miembros
O’Reilly coordina la investigación junto con su homólogo griego, Andreas Pottakis, quien se encarga del papel de las autoridades helenas. “Mientras que el rol de las autoridades griegas se está investigando a nivel nacional, el rol de Frontex en la operación de salvamento y rescate también se debe clarificar. Se ha informado que Frontex alertó a las autoridades griegas de la presencia de un barco y ofreció su asistencia, pero no está claro que se podría o se debería hacer hecho”, explicó la Ombudsman en un comunicado.
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El barco pesquero Adriana naufragó el pasado 14 de junio en las costas de la península del Peloponeso y causó la muerte de cientos de personas en trágicas circunstancias que aún deben esclarecerse, especialmente el papel de las autoridades helenas, que rechazan cualquier responsabilidad. Los equipos de salvamento rescataron a 104 personas, y encontraron 82 cuerpos sin vida, en un barco en el que se calcula que había alrededor de 500 personas.
La Defensora del Pueblo europeo también ha avanzado que en otoño planea nuevas investigaciones sobre el rol de las instituciones europeas sobre el respeto de los derechos fundamentales en el control de las fronteras exteriores.
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Además, pedirá más información sobre el reciente acuerdo migratorio llegado entre la Comisión Europea y Túnez, tras los viajes de la presidenta del Ejecutivo, Ursula von der Leyen, junto con la primera ministra italiana, Georgia Meloni, y su homólogo de Países Bajos, Mark Rutte; y sobre el respeto de los derechos humanos en el país gobernado por el autócrata Kais Saïd. El plan, que aspira a ser un modelo en la política migratoria de la UE, ha generado controversia en el que se pretende movilizar una ayuda de casi 1.000 millones de euros con inversiones en el país y una partida de más de 100 millones para apoyar en la gestión migratoria.
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