El pacto migratorio de Von der Leyen con Túnez incomoda a algunos países de la UE por la falta de consulta previa | Internacional

El acuerdo migratorio de la Comisión Europea con Túnez, que plantea aportar fondos al país a cambio de que gestione los flujos migratorios y que Bruselas quiere convertir en modelo para otros países de origen y tránsito con el fin de frenar las llegadas, ha generado cierto malestar entre los Estados miembros por la falta de consulta previa del Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen. En el último consejo de ministros de Exteriores y en reuniones diplomáticas, los socios han afeado a la Comisión que se saltase la pauta de la aprobación previa de la letra pequeña del pacto y han advertido de que deberá seguirse para los sucesivos, según apuntan fuentes comunitarias. Además, a Estados miembros como Alemania y Bélgica no les satisface el contenido del memorando de entendimiento, que plantea cinco pilares de financiación, y que ha generado críticas por los ataques contra los derechos humanos que se atribuyen al Gobierno del presidente tunecino, Kais Said. Más allá de las cantidades concretas comprometidas, el acuerdo aspira a movilizar unos 900 millones de euros de financiación al país magrebí, aunque vinculado a que el Fondo Monetario Internacional apruebe su propio desembolso.

Las pautas de las instituciones comunitarias marcan que este tipo de acuerdos de política exterior y seguridad tengan la luz verde previa de los Estados miembros. Y aunque en la última cumbre del Consejo Europeo se trató de incluir el interés de explorar este tipo de acuerdos —como había alentado la presidenta Von der Leyen en una carta previa—, las capitales querían conocer la letra pequeña y aprobarla antes y no después, señalan fuentes diplomáticas.

También ha generado insatisfacción el concepto de Team Europe, una fórmula por la que la Comisión ha colaborado con Italia y Países Bajos —Von der Leyen viajó dos veces a ver a Said con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y con el holandés, Mark Rutte— para presentar en Túnez el memorando. El malestar se ha ampliado a algunas voces del Parlamento Europeo, como la liberal Sophie in ‘t Veld, que plantea qué legitimidad y estructura tiene la fórmula.

El acuerdo con Túnez se ha gestado de manera muy diferente al pacto con Turquía, que supuso un cambio radical en la política migratoria de la UE y que fue firmado y avalado primero por todos los Estados miembros (en ese momento, 28, con el Reino Unido) en 2016.

El malestar por la falta de consulta previa no opaca, sin embargo, que hay una mayoría de socios interesados en explorar los modelos para frenar las llegadas de migrantes a la UE. Ahora, tras el memorando de entendimiento con Túnez, que aún debe completarse y que debe recibir la luz verde formal de los líderes de los Veintisiete, Bruselas explora pactos con Egipto o con Marruecos. Pero estos tendrán que pasar por la mesa de los socios, lo que podría ralentizar la redacción e incluir un proceso de negociación, apuntan fuentes comunitarias.

El pacto con Túnez se basa en cinco pilares sectoriales de financiación, según el memorando presentado en julio, que suman unos 300 millones de euros. De ellos, unos 105 millones son para el refuerzo de fronteras, pero el resto es para programas de desarrollo económico, energía o digitalización. El memorando fija para el tercer trimestre de este año una eventual revisión destinada a incluir un paquete de 900 millones de euros para que Túnez aborde las reformas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de un préstamo que aún no se ha pactado de 1.900 millones de dólares (cerca de 1.700 millones de euros).

Mientras, Bruselas tratará de cerrar lo antes posible el pacto migratorio, una de las prioridades de este semestre durante la presidencia española del Consejo de la UE. Tras cerrar el pasado junio dos de los últimos flecos, en forma de reglamento, que consagran el concepto de solidaridad obligatoria y que establecen el reparto de solicitantes de asilo entre todos los Estados miembros, o el pago de 20.000 euros por migrante rechazado por parte de socios que no estén expuestos a grandes presiones de llegada, ahora queda cerrar el último capítulo, el reglamento de gestión de crisis y fuerza mayor.

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