Ecuador: los 5 retos para frenar la ola de violencia que le aguardan a Daniel Noboa

A partir de diciembre de este año, Daniel Noboa gobernará Ecuador. El presidente electo venció a la candidata correísta en el balotaje del pasado 15 de octubre y, desde el 18 de octubre partió en una gira internacional para sumar apoyos en materia de seguridad, inversión y creación de empleo. Noboa, que estará por 18 meses en el cargo, encontrará a un país sumido en una de las peores crisis de seguridad, con niveles de violencia nunca antes experimentados, con instituciones debilitadas y con funcionarios cooptados o amenazados por el crimen organizado.

Ecuador es el país latinoamericano donde más crecieron las muertes violentas durante el último año. Las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes en distintas localidades del país dan cuenta del incremento de las muertes violentas y de la crisis de seguridad que enfrenta la nación.

El punto más alto de la violencia relacionada con el narco se registró durante el 2022. El año pasado, Ecuador alcanzó una tasa de homicidios de 25,9 por cada 100 mil habitantes. No obstante, durante el primer semestre del 2023, la violencia que enfrenta el país ha incrementado casi en un 60 % con respecto al 2022. Un estudio policial sobre la situación del narcotráfico en el país indica que no solo incrementaron las cifras respecto a las muertes violentas, sino también las modalidades y formas de ejecutarlas.

La evolución de las muertes violentas desde el 2019 demuestran el considerable incremento. En el 2019, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 6.9. En 2020, este indicador se situó en 7.8. Para el 2021, la tasa era de 13.9, el doble con relación a los últimos dos años. El aumento de la tasa coincidió con el inicio de las masacres carcelarias, que en 24 meses dejaron más de 400 reos asesinados. Finalmente, en el 2022, el indicador casi volvió a duplicarse y se colocó en 25.6. Para el 2023, se prevé que esa tasa continúe en aumento y llegue a 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto convertiría a Ecuador en el país más violento de la región.

Según la Policía, las alianzas de las bandas locales con cárteles y mafias extranjeras han incidido en la cultura criminal local. En Ecuador operan tres grupos criminales transnacionales: los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como la mafia de los Balcanes.

A los índices de violencia mafiosa se suman los de inseguridad. En medio del clamor ciudadano por retomar la seguridad, Daniel Noboa deberá gobernar. Estos son los cinco retos del presidente electo de Ecuador.

El estallido de la violencia en Ecuador inició en el 2021, con las primeras masacres carcelarias. Desde entonces, las prisiones del país han sido el escenario de al menos una docena de matanzas que han dejado a alrededor de 500 reos asesinados. Además de las masacres, también los presos han tomado como rehenes a guías y funcionarios o han organizado huelgas de hambre.

En marzo del 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamó al Ecuador que retome el control de las prisiones. La delegación de la CIDH que visitó el país concluyó que el Estado debe recuperar el control de las cárceles y desarrollar una política enfocada en la prevención del delito y no en el endurecimiento de las penas cuya sanción es la cárcel.

La Comisión reconoció que las prisiones ecuatorianas están en manos de bandas criminales. La CIDH indicó que los Centros de Rehabilitación se han convertido en los cuarteles de operación de las pandillas carcelarias. Por ejemplo, los pabellones de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más violenta del país, están controlados por siete bandas locales, según el estudio policial antes mencionado.

Según la CIDH, los problemas del sistema carcelario del Ecuador son " carácter estructural que se viene acuñando desde hace por lo menos dos décadas”.

Para enfrentar este problema, Daniel Noboa planteó en su plan de gobierno una reforma Judicial y procesal, pues “un alto porcentaje de detenidos en prisión preventiva sugiere un sistema judicial lento y posiblemente ineficaz”; mejorar la infraestructura penitenciaria porque “los centros de detención sobrepoblados y en mal estado pueden fomentar la violencia y dificultar la rehabilitación”. A esto se suma fortalecer los programas de rehabilitación, capacitar a los guías penitenciarios y trabajar en la rendición de cuentas. Sin embargo, para lograr la reforma judicial, necesitará trabajar con la Asamblea Nacional, donde tiene una bancada de apenas 14 legisladores.

Aunque apenas un 3% considera que el narcotráfico es el principal problema del Ecuador, según el estudio de opinión de Click Research, Ecuador es el décimo país del mundo que más ha sido afectado por el crimen organizado, según el más reciente Índice Global del Crimen Organizado. De acuerdo con el ranking que incluye a 193 países. El puntaje de Ecuador sobre la criminalidad indican el escenario complejo y violento que enfrenta la nación por la presencia y el empoderamiento de mafias y redes locales involucrados en numerosos mercados criminales.

El informe destaca que los grupos criminales locales y extranjeros cooperan en delitos como el tráfico de drogas, el sicariato, la extorsión, la minería ilegal y el lavado de dinero. Además, la pugna por controlar las rutas del narcotráfico “ha llevado a una guerra de pandillas que tiene graves impactos en la sociedad, con amenazas terroristas cada vez más comunes”.

El narcotráfico es la principal expresión del crimen organizado en Ecuador: con un 23% de incidencia, seguido del lavado de activos con un 17%, la corrupción en todas las instituciones del Estado con un 16%, el tráfico de armas con 10% y finalmente el tráfico de hidrocarburos relacionado al narcotráfico con el 9%, según señala el reciente estudio del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Pero el crimen organizado vinculado con el narco no es todo. Según el estudio del Índice Global del Crimen Organizado, Ecuador es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas, principalmente destinadas a la explotación sexual y al trabajo forzoso.

Según el último sondeo de opinión de Click Research, de septiembre de 2023, el 51 % de encuestados considera que la delincuencia es el principal problema del país. A esta problemática le sigue la corrupción (14%), el sicariato (9%), el desempleo (8%) y la crisis económica (7%).

El actual gobierno ha señalado que la inseguridad ciudadana está directamente relacionada a pugnas entre bandas, sin embargo, las cifras demuestran que la crisis de seguridad no solo tiene que ver con peleas de los grupos criminales. Según los datos de la Policía, hasta septiembre de este año se registró un incremento de más del 300% en los secuestros y de un 85% en las extorsiones. Este escenario ha provocado que en ciertas localidades estén completamente controladas por bandas criminales que obligan al pago de cuotas a cambio de una supuesta seguridad.

En su plan de gobierno, Daniel Noboa ha planteado programas de inclusión social pues considera que “es esencial entender que la violencia y la inseguridad tienen raíces profundas en los problemas socioeconómicos”. Para lograrlo, se cita en el documento presentado por Noboa: “cualquier esfuerzo para reducir la violencia debe incluir una estrategia de desarrollo socioeconómico inclusiva. Invertir en educación, crear oportunidades de empleo decente, promover la igualdad social y asegurar el acceso a servicios básicos son pasos cruciales para disminuir la violencia”.

En Ecuador hay poblaciones que han sufrido el abandono histórico del Estado. Por ejemplo, Esmeraldas, en la frontera norte del país. Esta provincia ha experimentado un aumento del 500% en los homicidios debido al tráfico de cocaína, según un estudio de Insight Crime. Para el año 2022, la tasa de homicidios de la provincia se duplicó en un año, llegando a 81 por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio nacional de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes. En esa jurisdicción las bandas delictivas están cooptando a los menores para que se unan a sus crímenes.

Durán es otro de los casos. En esa municipalidad, la octava más poblada de Ecuador, la inseguridad y la delincuencia son parte de lo cotidiano. Incluso el alcalde mantiene una cápsula de seguridad para poder trabajar, pues ha sido víctima de amenazas y atentados. Según recogió Primicias, Durán “vivió una “explosión de población” y en los últimos 20 años creció en más de 100.000 habitantes... (Pero) retrocedió en la cobertura de servicios básicos, como agua potable y alcantarillado”.

Una de las actividades en las que Noboa está buscando apoyo es en la creación de Escuelas de Fútbol “que tienen el objetivo de sacar de las drogas y las pandillas a niños y jóvenes del Ecuador”.

No obstante, ningún esfuerzo en inclusión social servirá si el gobierno no logra introducir políticas integrales con apoyo de las municipalidades más afectadas y garantizando la transparencia en estos procesos. Además, los resultados de estas políticas aparecen a largo plazo y Noboa tiene apenas 18 meses.

Hasta diciembre se prevé que 50.000 chalecos tácticos sean entregados a la Policía Nacional. Los miembros de esta institución son los encargados de la seguridad doméstica, sin embargo, han debido realizar su labor sin el equipo adecuado. Aunque el gobierno de Guillermo Lasso se comprometió a mejorar las capacidades de la Policía a través de la adquisición de armas, chalecos, vehículos, etc. Estas contrataciones han sufrido retrasos, mientras tanto los policías han continuado laborando en medio de una crisis sin precedentes.

En el 2022, fuentes del Ministerio de Defensa revelaron a Infobae, que las Fuerzas Armadas no operan a su máxima capacidad porque no cuentan con los recursos necesarios. La estimación de entonces era que la milicia ecuatoriana opera al 25 % de su capacidad total.

Para mejorar las capacidades de la Policía y las Fuerzas Armadas, el actual gobierno ha buscado apoyo internacional y lo mismo está haciendo el presidente electo.

Noboa ha visitado Italia y España y se espera que viaje a los Estados Unidos para conseguir aliados que le permitan fortalecer el Plan Fénix, que Noboa propuso en su campaña y que tiene por objetivo crear un sistema único de inteligencia y equipar con armas y tecnología a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas.

El Plan Fénix de Noboa costará alrededor de USD 830 millones y tendrá una duración de diez años. La propuesta busca centralizar los servicios de inteligencia que ahora se distribuyen en la inteligencia policial, militar y gubernamental. La propuesta es que la nueva central de inteligencia responda a la Presidencia y, a través de esta, se definan las prioridades en materia de seguridad para las fuerzas del orden. Para lograr un mayor control, el plan contempla no solo el despliegue de tropas sino la dotación de equipos de alta tecnología, como sistemas satelitales, drones y radares, en estos puntos estratégicos.

En un análisis del experto Hugo Espín, publicado en Plan V, se señala que Noboa también deberá: “Reorganizar las funciones de los servicios policiales y revisar la misión asignada a cada uno de ellos es fundamental. Es hora de asumir la realidad del país con responsabilidad, separándose del modelo anacrónico de policía comunitaria, buscando una policía más proactiva, empoderada y confiable. Reestructurar igualmente los ejes de inteligencia antidelincuencial, inteligencia nacional y asistencia penal internacional. Así como el endurecimiento del accionar de los grupos de reacción policial y control en zonas complejas, manteniendo presencia permanente en los ejes viales con la asistencia de nuevas tecnologías de control no invasivas pero constantes”.

El crimen organizado ha penetrado a las instituciones estatales. Los cuestionamientos hacia el sistema judicial, con jueces y fiscales que han sido señalados por favorecer a delincuentes; la Policía y las Fuerzas Armadas, cuyos miembros han sido vinculados a estructuras delincuenciales; demandan de una depuración urgente. En las entidades no solo habría funcionarios vinculados sino otros que han sido amenazados e incluso asesinados por el crimen organizado.

El pasado 27 de septiembre, la Policía informó que luego de 4 meses de Investigaciones dos servidores policiales fueron detenidos por participar en una estructura delictiva. En enero de este año, Primicias reveló que una red de marinos vende información a narcos en Colombia y Ecuador. De acuerdo con la publicación: “militares ecuatorianos, incluyendo a oficiales de la Armada, habrían sido reclutados por grupos narcoterroristas, como la columna Urías Rondón”.

Además, en diciembre de 2021, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick dijo que en el país existen “narcogenerales” y anunció el retiro de visas. Casi un mes después, el mismo embajador de Estados Unidos informó que las visas para los generales involucrados habían sido revocadas en Ecuador.

Bajo este escenario, “la depuración será dura pero necesaria en todos los niveles, sin permitir ninguna forma de impunidad”, señala Espín en su análisis.

Según Laura Lizarazo, analista senior de Control Risks, que habló con Bloomberg Línea, uno de los retos que Noboa tendrá es reformar a las instituciones que “están cooptadas por actores ilegales, generando una profunda fragmentación y tensión al interior del aparato estatal en detrimento de su misión y capacidad de gestión”. La lucha contra la impunidad, entonces, debería ser la bandera del siguiente gobierno: “hasta que estos nexos de cooperación entre el crimen organizado y autoridades estatales no salgan a la luz, sean investigados y los responsables sancionados, la capacidad de intervención y acción del Estado ecuatoriano seguirá estando al servicio, “al menos parcialmente, de economías y actores criminales, y no de la ciudadanía””, explica la experta.