¿De quién es este mar?

Todo empezó con un decreto del rey de España, Carlos IV, el 20 de noviembre de 1803. Dictaba que el archipiélago de San Andrés y Santa Catalina pertenecía a la región colombiana: estas islas ya no estarían bajo el control de la Capitanía General de Guatemala y formarían parte del Virreinato de Nueva Granada. Desde entonces, Colombia y Nicaragua han pugnado por estas islas y sus aguas territoriales. Hasta este julio, en que el pulso marítimo por el control de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha sido resuelto a favor de Colombia.

Norman Caldera, excanciller de Nicaragua y representante del país en las negociaciones del 2002, admite a La Vanguardia que, “desde un punto de vista emocional, estaba de acuerdo con retomar el territorio [soberanía marítima], pero, desde un punto de vista jurídico, no teníamos base para hacer ningún reclamo”.

Las discusiones se remontan a 1928, cuando Colombia propuso confirmar legalmente su control sobre las islas cedidas por Carlos IV. Ese año, la posesión de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés fue reconocida por Nicaragua a través del tratado Esguerra-Bárcenas. Sin embargo, un tiempo después, Nicaragua rechazó la validez del tratado argumentando que durante su imposición el país estaba ocupado por los estadounidenses, que tomaron la decisión de ceder el espacio marítimo a los colombianos. Los representantes nicaragüenses, además, señalan ahora que en 1928 no existía el actual Derecho del Mar, que desde 1958 protege límites marítimos, y que, por lo tanto, el tratado no era válido.

En el 2001, Nicaragua impulsó su primera demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la ONU (CIJ) con el fin de establecer márgenes marítimos entre los dos países. No fue hasta el 19 de noviembre del 2012 cuando la CIJ dictó sentencia y fijó los límites entre Colombia y Nicaragua: los jueces concedieron al país centroamericano 75.000 kilómetros en el mar Caribe y confirmaron que las islas pertenecen a Colombia.

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En esa primera demanda, Caldera y su equipo utilizaron el Derecho del Mar para intentar recuperar el territorio marítimo. Según el excanciller, “fue muy difícil argumentar que el territorio nos pertenece y, por desacuerdos de ambas partes, tomó diez años llegar a la primera sentencia”.

Desde un punto de vista geográfico, las islas están ubicadas en medio de aguas territoriales nicaragüenses, pero Colombia siguió patrullando y pescando. En el 2013, Nicaragua presentó una nueva demanda afirmando que Colombia violaba los espacios marítimos. Tras la resolución de la CIJ, Colombia no hizo caso de la jurisdicción de la corte con respecto a los límites y siguió navegando y pescando.

Finalmente, este 2023 Nicaragua retomó el debate con intención de extender su soberanía unas 200 millas náuticas más. El Gobierno de Daniel Ortega reanudó el caso acusando a Colombia de seguir pescando en su territorio y recordó que las islas disputadas están ubicadas en el territorio marino de su país. La CIJ rechazó la petición de los nicaragüenses y no les permitió expandir su soberanía marítima.

El tribunal también denegó que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina esté dentro de la frontera marítima de Nicaragua y recalcó la división que decretó en noviembre del 2012. Sin embargo, subraya Caldera, esta sentencia obliga a Colombia a respetar la línea de división.

La posición geográfica de estas islas colombianas no facilita la definición de sus mares

El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó la sentencia como una “gran victoria” para su país. Por otra parte, el Gobierno de Ortega declaró que “espera que Colombia reconozca el valor y la eficacia de todas las sentencias del Tribunal, y en particular la sentencia dictada en el 2012”. Caldera confirma que, para él, no fue lo correcto poner una demanda para extender el territorio del país. “Conforme al derecho internacional, ya los límites estaban establecidos desde el 2012; sin embargo, el gobierno nicaragüense decidió revivir la disputa”.

Es lo que tiene el mar: nunca está quieto.

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